Iría a la huelga... si fuera de celo

Ya sé que el principal desencadenante de la crisis es el capital financiero... pero no se me oculta que en todas las clases sociales sobra gente dispuesta a un pequeño pelotazo revendiendo el piso por el doble de su precio de compra, y que millones lo han dado.
Ya sé que hay cuatro millones de parados... pero no creo que el problema resida más en la falta de inversión que en la rigidez del mercado de trabajo, configurado para defender los derechos y los privilegios (¿quién se molesta siquiera en intentar distinguirlos?) de los ya colocados, los insiders.
Ya sé que se han cortado los gastos para los más débiles sin hacer nada por aumentar los ingresos obtenidos de los más fuertes... pero también que lo primero era más urgente y más fácil (al fin y al cabo, cualquiera que haya afrontada una crisis económica doméstica sabe que así es) y lo segundo requiere y merece más reflexión y medidas más sofisticadas si no se quiere que resulte peor el remedio que la enfermedad. Puede que sea duro admitirlo, pero los pobres que dejan de cobrar van a seguir ahí, pero los ricos que todavía no llegan a pagar tienen cien maneras de escaparse: es el resultado de la ventaja decisiva que la globalización económica saca a la globalización política.
Pero estoy plenamente de acuerdo en que hay que presionar con fuerza al gobierno para que los costes de la crisis sean no sólo compartidos, sino que recaigan en mayor medida sobre quienes tienen más recursos. Por eso es importante la movilización. La cuestión es si el instrumento oportuno es o no la huelga, y mi opinión es que no, de ninguna manera.
Primero, porque en sí misma no hará sino debilitar un poco más la economía nacional y no es momento para bromas.
Segundo, porque, por mucho que en su día fuera el arma heroica del proletariado industrial, hoy es una forma casi rutinaria de presión, generalmente sin costes para ellos, de los cuerpos de funcionarios.
Tercero, porque los medios empleados deben expresar con claridad el fin perseguido y, en este momento, una huelga convencional sólo viene a decir: ¡Que no toquen mis intereses!
Cuarto, porque hacia fuera del país es una señal equivocada, una señal de alarma más que se añade a las vacilaciones suicidas del gobierno socialista y el sabotaje homicida de la oposición conservadora.
Por todo eso: movilización, sí; huelga convencional, que no cuenten conmigo; huelga de celo, u otra medida que exprese a la vez la voluntad de contribuir a salir de la crisis y la demanda de que todos y cada uno lo hagan en la medida de sus posibilidades, sin condiciones.

Izquerda Unida y el [no] Pacto por la Educación

En el último post, dedicado al PP y e PSOE ante el pacto ducativo, prometí ocuparme próximamente de los demás, y en una tribuna en El País me había referido poco antes al “dogmatiso irreal” de IU, que una de sus dirigentes me pidio al poco, por correo electrónico, que explicara. Vale la pena hacerlo, precisamente por ser ellos.
Su documento básico al respecto, La educación pública, nuestro compromiso, se decía a favor de “un gran acuerdo… cuyos fines primordiales sean la mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema educativo, la mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación, así como el fomento de la autonomía de los centro educativos y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad escolar.” Esos tres puntos resumen la posición de IU y en ellos me voy centrar, en lo dicho en ese documento y otro posterior al del MEC, Un pacto social por la educación pública.
Autonomía y participación. ¿Alguna palabra sobre reforzar la posición de los padres frente a los profesores, mejorar los proyectos de centro…? No. Lo que IU quiere decir es que los partidos deben limitarse a sancionar un pacto previo entre los agentes sociales: “un acuerdo social, que no debería depender de ningún pacto político previo, sino más bien al contrario.” Suena bien, pero resulta insostenible por antidemocrático y corporativo, además de oportunista. En un Estado democrático, como lo es éste, quien representa a la sociedad en su conjunto es el parlamento, y por tanto los partidos, no los funcionarios y los usuarios de un servicio. Una cosa es que se den mecanismos para que éstos hagan saber sus intereses y aporten su conocimiento sobre el terreno, otra muy distinta entregarles el servicio. ¿Deberían también supeditarse la política de salud a un pacto entre médicos y pacientes, la financiera a un pacto entre bancos –banqueros o bancarios, igual da- e impositores, etc.? La respuesta obvia es que no.
Si IU cree que hay que comenzar por un pacto social, ¿por qué no pone sobre la mesa las cuestiones que enfrentan a profesores y padres: la jornada y el calendario escolares, el peso de unos y otros en los órganos de gobierno, el absentismo laboral o la rendición de cuentas y evaluación de profesores y centros? Por lo demás, las propuestas de profesores y padres en el proceso de debate del pacto ya nos han dado una indicación de lo que daría de sí hoy un pacto social previo: nada; y, si miramos más lejos hacia atrás, peor aún: nada que no sea la imposición de los interesese laborales del profesorado.
La propuesta de IU tiene un motivo mucho más prosaico: eludir mediante un rodeo el hecho simple de que es una fuerza política muy minoritaria (aunque en parte sea por un sistema electoral que le es muy desfavorable) que, por consiguiente, no puede marcar el signo de un pacto de Estado. Tampoco, por cierto, el de un pacto social, pero esto se podría simular asumiendo de forma acrítica las demandas del profesorado, que aunque tengan mucho más de derecha que de izquierda.
Precisamente porque tiene más implantación en las estructuras de la sociedad civil que representacion parlamentaria (y no explicaré ahora que unas no son mejores ni peores que otras, sino distintas, pues si las últimas pecan de alejamiento de los electores las primeras lo hacen de sobrepeso de los activistas); precisamente por eso, IU debería aportar algo en el terreno social del pacto, aparte de predicar su primacía. Pero no lo hace, quizá porque en gran medida sigue cautiva de la ilusión de que los profesores son trabajadores de la enseñanza, poco más que proletarios intelectuales que, por consiguiente, todo lo que pidan es justo, en vez de entender de una vez por todas que, trabajar, trabajan (unos más y otros menos), pero son profesionales todos y funcionarios la mayoría, lo que supone unos cuantos privilegios aunque sigan teniendo problemas, y una posición directamente en conflicto tanto con el público de sus servicios como con la sociedad en su conjunto.
Tiene razón IU, por otra parte, en considerar que el PSOE no parecía dispuesto a un pacto sin el PP, pero ¿de qué otro modo podría alcanzarse un pacto de Estado? ¿Con IU y sin el PP? Eso podría ser una suerte de frente popular o unión de la izquierda de ámbito sectorial, pero no un pacto de Estado. ¿Con los agentes sociales? O bien se niega la condición de tales, por ejemplo, a FERE, CONCAPA, CECE, etc., o será una reedición de lo mismo. ¿Con todos los agentes y sin los partidos? Eso puede podrá ser un éxito de partido o un acuerdo corporativo, pero no un pacto de Estado.
Escuela pública. Aquí resulta todavía más claro que IU habla de otra cosa, no de un pacto de Estado. La escuela privada –concertada o no- supone en España un tercio del total –y así ha sido a lo largo de toda la democracia-, sería elegida por la mitad o más de las familias si la tuvieran a su alcance, es la opción decidida de toda la derecha –no sólo el PP, sino CiU, CC, PNV y otros- y de la mayoría de las familias mejor informadas –no todas- e incluye un indiscutible sector social (fundaciones, patronatos, cooperativas y otros centros singulares). Perorar sobre su improbable supresión en vez de entrar en el debate de cómo y con qué condiciones equipararla como servicio público a la estatal (cómo forzar que acoja a todo tipo de alumnos o cómo imponer la laicidad) es perder el tiempo y hacérselo perder a la ciudadanía; por otra parte, pedir al mismo tiempo que haya más recursos para la pública pero no para la concertada y que se exija a ésta acoger a todos los alumnos es pedir dos cosas contradictorias.
Lo que necesitamos en lugar de esto es propuestas inteligentes que permitan abordar una estrategia a favor de la laicidad y la igualdad sin topar con el muro de la fundada percepción social de la escuela privada como mejor que la pública. En definitiva, mejor secularizar las escuelas hoy confesionales y someter de forma imperativa a todos los centros (incluidos los no concertados) a criterios de reclutamiento sin sesgo de clase, étnico, etc. que insistir en una defensa numantina de la enseñanza estatal, a la que una buena parte de la población percibe, con razón, como una sinecura funcionarial.
Profesorado. Mejorar “la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de la educación.” Así dicho, nadie se va a oponer, pero ¿en qué consistiría para IU mejorar la formación? En otro lugar se quejan de que no se fije plazo para el Estatuto de la Función Pública Docente, pero reclaman que la carrera docente no jerarquice, pues eso presentaría el peligro de fragmentar la capacidad de lucha colectiva y sindical. Peligro ¿para quién? ¿Para los sindicatos y su estrategia de café para todos? ¿Para IU y su defensa de los trabajadores de la enseñanza? El verdadero peligro es que, ante un derecho –a la educación y a todo lo que trae consigo- que depende ante todo de una institución, ante una institución –la escolar- cuyo funcionamiento depende ante todo de la actitud de los profesionales, y frente a una profesión –la docente- que va del extremo vocacional al vacacional –de los comprometidos con su trabajo y su función a los que sólo viven esperando la hora, el día y el año de marcharse- no haya una regulación de la carrera docente que distinga, discrimine y jerarquice, alentando a quien lo hace y lo hace bien y disuadiendo a quien no lo hace o lo hace mal. El sistema educativo y la carrera docente deben estructurarse pensando en la mejora y la calidad del servicio (incluidos sus objetivos de igualdad y solidaridad), no en cómo sostener estrategias corporativo-sindicales o de una izquierda necesitada de renovación.

A vueltas con la escuela pública y el funcionariado

Andrés Muñoz, del periódico Diagonal, me pidió una breve entrevista para un artículo sobre el funcionariado y el pacto cuya versión final (http://www.diagonalperiodico.net/La-historia-de-un-consenso.html), al parecer por motivos de actualidad y cierre, terminó teniendo muy poco que ver con las preguntas originales y nada con las respuestas. Reproduzco éstas aquí, aunque sólo sea para que no se pierda el trabajo que ambos nos tomamos:

La linea argumental del artículo es que a pesar de la importancia del acuerdo entre los dos principales partidos políticos, existen cuestiones cruciales que persisten en el sistema educativo, pese a las sucesivas leyes de educación y en cierta medida, pese a algunas de las propuestas de este pacto. Una de ellas es el sistema de funcionariado en España. 

Me gustaría que pudiera contestarme brevemente a unas preguntas relativas principalmente a este tema, para poder citarle en el artículo:

- En su artículo Escuela pública y privada en España: La segregación rampante, afirma que la inmunidad, impunidad e inanidad funcionarial ha generado un efecto de desmoralización de una parte del profesorado, ineficacia creciente de la organización escolar y de los mecanismos de participación y descrédito indiferenciado de la educación pública. ¿Cree que este sería un buen momento para cambiar este sistema?, ¿cuál sería la alternativa?.

Cualquier momento es bueno, simplemente porque cuanto más esperemos más daño habrá sufrido la institución y más difícil será reconstruirla. El momento actual puede tener el valor de oportunidad añadido de que somos muy conscientes de los déficits de nuestro sistema (fracaso, abandono, insatisfacción...), aunque otra cosa será encontrarle soluciones. Pero, aun así, me parece difícil, peus cada uno va a lo suyo: el gobierno y el PSOE reaccionan muy lentamente y quieren sobre todo evitar conflictos, el PP disfruta con la idea de que todo se hunda para ofrecerse como salvador, el resto de la izquierda tiene un discurso estratosfético, los nacionalistas solo piensan en instrumentalizar la escuela, los sindicatos están obsesos con la jubilación anticipada, y el pofesorado está confuso y atomizado. Sin embargo, hay que intentarlo.

- En el caso de que el sistema de contratación y control del personal docente cambiara en el sistema público, ¿Ve necesario que se mantenga el sistema dual de centro públicos y privados concertados con financiación pública?

Ojalá fuera suficiente con la escuela pública, pero ésa no es una cuestión de principio, y la dualidad pública-privada está ahí para quedarse. Proviene de la compleja historia de España y es una realidad consolidada. De hecho, si no fuera por la univsalización hasta los 16 y casi desde los 3, la privada ya habría alcanzado a la pública y el alumnado se repartiría por mitades. Pero lo esencial es que el derecho a salvaguardar y garantizar es el derecho a una educación igualitaria y de calidad, y no está escrito en ningún sitio que un profesor funcionario haga eso mejor que un contratado. Cuestión bien distinta es la confesionalidad, que debería ser erradicada

-Existe numerosa bibliografía sociológica que constata que la escuela es uno de los principales mecanismos de reproducción de las desigualdades sociales. Cuando en los borradores del Pacto educativo se habla de equidad, ¿qué medidas cree que se deberían establecer?.

En la sociedad del conocimiento, la escuela no es ya un mecanismo de reproducción, sino de producción de las desigualdades, pues éstas van a depender cada vez más de ella. Yo creo que los criterios de la justicia educativa (y social) deben ser complejos: en primer término, igualdad, es decir, una educación básica suficiente para todos, que permita ser un trabajador competente, un ciudadano consciente y una persona desarrollada (el mínimo podría cifrarse hoy en un educación secundaria postobligatoria de valor equivalente), pero también solidaridad, es decir, recursos compensatorios para quienes parten de una posición de desventaja (física, intelectual, social...); en segundo término, y más allá de la igualdad de base, equidad, a cada cual según su trabajo (su esfuerzo), incluidos el cultivo y el reconocimento de la excelencia para quienes tienen cualidades o ambiciones extraordinarias. Tenemos que erradicar el fracaso, reducir drásticamente el abandono y multiplicar las oportunidades, y eso pasa por eliminar disfunciones como la repetición o la falta de continuidad fuera de la corriente principal y por incentivar la calidad en alumnos, profesores y centros. 

- Por último, ¿es posible hacer un sistema educativo más justo y equitativo sin reformar el resto de elementos del sistema capitalista, tales como el mercado de trabajo, sistema de fiscal...?

Claro que es posible, y ningún aspecto de la vida social, ninguna injusticia, ninguna forma de desigualdad tiene por qué ser dejada de lado a la espera de que se resuelva otra. Creo que ya aprendimos la lección negativa de dejarlo todo para la aurora del Gran Día, de supeditarlo a las grandes soluciones. Por supuesto, la educación no es ninguna panacea, de modo que las soluciones educativas arreglarán problemas educativos y tendrán sólo efectos secundarios, no milagrosos, sobre otras esfera de la vida social. Pero esos efectos no serán nadas desdeñables, menos aún en la Sociedad del Conocimeinto.

La educación al servicio del partido

    Hace una semana escribí, haciendo gala de un apenas moderado optimismo que ni siquiera entonces sentía, que estábamos a punto de dar un pequeño paso en la dirección correcta, la de convertir una parte sustancial de la política educativa en asunto de Estado. Cualquier lector repararía en que las premisas descritas no conducían a la conclusión propuesta, pero lo importante en ese momento era que el pacto era todavía posible, aunque resultase harto difícil. Pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad (esa proclama de Romain Rolland que atribuyen a Antonio Gramsci quienes no han leído a ninguno de los dos), combinación que a veces obliga a poner sordina a la primera y elevar el volumen de la segunda, sabiendo como sabemos que lo que se dice y cómo se dice no se limita a reflejar la realidad, sino que contribuye a formarla.
    Pero ya podemos hablar con toda claridad. Si alguien pensaba que el Partido Popular podría y debería considerar la educación como un asunto de Estado y la política educativa como una política de consenso, la inaceptable e incomprensible, aunque anunciada y previsible, negativa a la firma de un pacto educativo se habrá encargado de demostrarle que no es así. Por encima de todo y de todos, el partido y sus apetitos electorales. Nada sorprendente si se tiene en cuenta la frivolidad con la que zarandean cualquier institución o bien común cuando conviene a sus intereses: congelación del Tribunal Constitucional para mantener una mayoría ultraconservadora más allá de los resultados electorales que permitieron nombrarla (y patadas también al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional cada vez que tocan su cortijo), ataques a policías y tribunales cuando descubren tramas corruptas de los suyos o no se avienen a delirantes teorías conspirativas, cuestionamiento de los procesos electorales cuando no les favorecen los resultados, alarmismo interesado e irresponsable en torno a la solvencia del tesoro público… Todas las acciones parecen dictadas por un único razonamiento: que nada mejore y, si es posible, que todo empeore de aquí a la próxima ronda electoral; y mejor cuanto antes, a ver si es posible anticiparla.
    Muchos dirán que cómo cabe afirmar eso de un partido algunas de cuyas demandas parecen ser precisamente más de Estado que ninguna otra cosa: posibilidad de recibir enseñanza en castellano y obligación de unos contenidos comunes en todo el territorio, cuerpos nacionales docentes. Cuesta entender cómo se compatibiliza tanto interés nacional con la negativa a la Educación para la Ciudadanía (que es mucho más que discutir su contenido), la opción por el descontrol de la escuela privada o la entrega sin condiciones al obispado y a las sectas católicas más ultramontanas.
    Pero tampoco cabe mucha satisfacción con el otro gran partido. Es verdad que el Ministerio, o sea, el gobierno y el PSOE, cedían bastante en lo relativo a la ordenación de la estructura del sistema (pruebas externas, itinerarios en la ESO, ampliación de la financiación en los conciertos…) y ante algunos tópicos de la opinión más conservadora (autoridad del profesor), pero no lo es menos que, si en las cuestiones relativas al currículum común o la coexistencia de las lenguas en la escuela (que no es lo mismo que fuera de ella) no han sido capaces de ofrecer nada sustancial, es porque su capacidad de gobernar en las comunidades históricas depende de la acción u omisión de los pequeños pero imprescindibles partidos nacionalistas, lo que los ha llevado a una pasividad y un entreguismo difícilmente comprensibles desde cualquier otro punto de vista.
    El PP proclama la unidad territorial y nacional de la escuela y deja que se rompa por el lado de las desigualdades sociales, la inoperancia como escuela de ciudadanía o las diferencias ideológicas, en particular las religiosas. El PSOE proclama su unidad social y política pero deja que se resquebraje por las costuras territoriales y comunitarias..
    Otro día hablaremos de los demás.

Sobre el malestar docente: sombras y luces

En el Barómetro del Profesorado se pregunta a éste sobre la situación general del sistema escolar y por el nivel educativo en comparación con cuándo estudió y con cuando empezó a trabajar como docente y se le piden sus previsiones sobre cómo estarán ambos (el sistema y el nivel) dentro de otros cinco años. Si hay que resumirlo en pocas palabras, digamos que los pesimistas siempre doblan, como poco, a los optimistas. La tabla siguiente lo presenta en porcentajes.

	Claramente mejor	Algo mejor	Ni mejor ni peor	Algo peor	Claramente peor
Situación general respecto a cuando era alumno	16,9	14,2	11,1	21,0	36,9
Situación general respecto a cuando empezó	9,5	14,5	31,9	28,6	15,6
Situación prevista para dentro de cinco años	3,4	22,6	22,4	27,9	23,8
Evolución del nivel respecto a cuando era alumno	16,2	17,2	8,3	23,5	34,9
Evolución del nivel respecto a cuando empezó	9,4	16,1	30,6	29,6	14,3
Evolución prevista del nivel para dentro de cinco años	4,2	22,3	24,8	29,0	19,7

La diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales es que, en éstas, hay una clara distinción entre el sujeto (que estudia) y el objeto (estudiado), mientras que las primeras se ven condiconadas y afectadas por la reflexividad, es decir, por el hecho de que el objeto de estudio es, a la vez, sujeto. El profesorado, por ejemplo, lee los informes que hacen investigadores y expertos, que influyen sobre su conducta. Pero, además, sabe que la información que él mismo suministra al investigador es performativa, es decir, que tiene efectos. Una visión apocalíptica de la enseñanza puede responder a la realidad, o ser resultado de un distorsión inconsciente de la misma, pero también puede tener la intención de legitimar una actitud, desde la desvinculación o la desresponsabilización hasta la demanda de mayores contrapartidas. El investigador, por otra parte, tiene que explicar no sólo la realidad social, sino la(s) visión(es) de la realidad, que también son parte de ella. Si pedimos al profesorado una valoración de la situación o la evolución del sistema educativo no es para conocer éstas (para eso son más útiles diversas estadísticas e indicadores objetivos o, del otro lado, formas más intensivas y comprensivas de obtener información de los propios docentes, como las entrevistas, los grupos focales, la observación, etc., no las encuestas), sino para conocer lo que nos dicen sobre éstas, que es algo distinto.

Si el reformismo pedagógico fue en un tiempo la nota dominante del discurso docente, hoy lo es más bien, al menos en la arena pública, el pesimismo social, la expresión de un malestar difuso pero omnipresente en el que todos los males parecen quedar del lado de la sociedad, la política, el mercado, las familias, los alimnos… Esto se muestra desde las encuestas, como el mencionado Barómetro y muchas más, hasta esa nueva corriente literaria que en otro lugar he llamado cuadernos de quejas.

En medio de este gris panorama he encontrado algo muy refrescante: Retrato canalla del malestar docente, magnífico libro de Juan José Romera López, profesor malagueño (Ediciones Toromítico, 2010) que me ha enganchado de principio a fin y he devorado en un par de días, sólo porque otras obligaciones me han impedido hacerlo en uno. Una profesora de bachillerato quemada y resabiada, mezcla de señora Rottenmeyer y Marujón celtibérico, apabulla a un joven profesor con la voz de la experiencia, es decir, con toda la colección de tristes banalidades que hoy alimenta el runrún de tantos claustros. Romera desgrana el discurso típico y tópico del malestar docente mediante la afortunada fórmula de una sucesión de correos electrónicos que la veterana envía al novato, y lo hace con gracia, hasta el punto de que el lector llega a sentir simpatía por los dislates de la protagonista. Pero también se toma el trabajo de glosarlos, recorriendo tanto la versión banal de esos tópicos como su expresión ilustrada por tantos analistas del desastre educativo e intelectuales despistados que han llegado a alinearse irresponsablemente con ellos. Siendo tan amplia la temática que exigiría un trabajo enciclopédico desmontarla en detalle, el recurso a las breves glosas no puede pretender ni pretende tanto, pero sí llega, y muy bien, para mostrar la precariedad y la debilidad de los fundamentos de ese discurso circular y autista, pero cada vez más ruidoso. Una lectura muy recomendable.