¿Hace bien De Cospedal en alertar sobre la mala situación financiera de Castilla-La Mancha?

El mercado, más aún el capitalismo, se basan en la confianza. Constantemente se trabaja, se produce, se invierte, se vende, se paga o se cobra, para cobrar, ganar, vender, recibir o trabajar después. Los mercados financieros, en particular, son hipocondriacos. Soros diría reflexivos, lo que mee parece eufemístico, pero quiere decir lo mismo: que sobreactúan, por eso generan burbujas y remolinos. Por eso crear alarma es suicida, desde el punto de vista de un país, u homicida, si lo hace un partido. El problema del PP es que su deslealtad al país y a las instituciones no tiene límite: todo vale para llegar al gobierno. Lo mismo da cuestionar los resultados electorales, hiperpolitizar la justicia, enfangar al Constitucional, desacreditar a las fuerzas policiales o alImentar la ofensiva de las agencias de rating... De aquí a las elecciones generales el mensaje será invariablemente el mismo, porque importa que suba e partido pero no que caiga el país. ¿Para cuándo una derecha responsable?

Todo el debate en Eskup (El País):

¿Hace bien De Cospedal en alertar sobre la mala situación financiera de Castilla-La Mancha?

¿Qué tal una tercera desamortización?

Como era de esperar, ya empieza a salir a la luz que la Iglesia no sólo se ha apropiado unilateralmente, sin derecho y sin control, terrenos e inmuebles más o menos afectos al culto religioso, sino también otros simplemente de uso privado y, lo que es peor, bienes de posesión y uso públicos. No sólo templos, etc. sino también campos y solares y, lo que es peor, escuelas.
No tenia ni idea de que la Iglesia pudiera hacer legalmente tal cosa. Hace unos días, comentando en Eskup (El País) la primera noticia sobre esas alucinantes inmatriculaciones pretendía expresar mi asombro comparándolo con el hipotético disparate de que el magisterio pretendiera apropiarse de las escuelas o las antiguas "casas del maestro". Pues bien, una vez más, la realidad supera a la ficción y la Iglesia a la razón: es ésta, la Iglesia, la que se está apropiando de escuelas y casas del maestro, es decir, de inmuebles y terrenos que ni siquiera tuvieron jamás un uso relacionado con el culto.
El gobierno debería proceder, de inmediato, a investigar y catalogar todos los bienes de la Iglesia y en particular los que se ha apropiado por esta y otras vías ilegales o sospechosas (por ejemplo, testamentos in articulo mortis y otras formas de extorsión).
En todo caso, me permito recordar lo que ya he propuesto alguna vez: expropiar los colegios de la Iglesia, una tercera desamortiación. Una manera de hacerlo sería convertirlos en propiedad del Estado y entregar su gestión a sociedades cooperativas o laborales formadas por los mismos profesores, directivos y otro personal que trabaja en ellos. El problema no está en que sean privados, ni en que entre su personal haya creyentes o practicantes, sino en su uso confesional y en el inmenso poder de esa burocracia cuyo reino no es de este mundo, pero que lo somete a rapiña en cuanto tiene la menor ocasión.

¿Es legítimo que la Iglesia católica se apropie de bienes comunales no registrados?

No solo ilegítimo sino indecente, inaceptable, inexplicable. La apropiación de los lugares de culto, generalmente construidos y siempre mantenidos con dinero público o de las comunidades locales, o bien de origen incunable sin títulos a favor de la Iglesia, es como si el magisterio se apropiase de escuelas, viejas casas de maestros, huertos aledaños... Dos siglos después de las desamortizaciones, la Iglesia impone una reamortización, y con plena libertad para enajenar esos bienes en el mercado, como han hecho con edificios y solares de colegios recibidos como donaciones afectas. Ese expolio económico, esa usurpación política por la que actúa como autoridad administrativa en beneficio propio, son parte de un mar de privilegios: exenciones fiscales, capillas en instituciones públicas, la cuarta parte de la enseñanza obligatoria, imposición de la catequesis como asignatura, donaciones ingentes de dinero público. Y, si alguien pensaba que todo esto la pacificará y reconciliará con el poder civil, que espere al 18A para oir a Ratzinger y su coro despotricar contra la democracia y el liberalismo.

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¿Es legítimo que la Iglesia católica se apropie de bienes comunales no registrados?

¿Cuáles son las luces y las sombras de las propuestas de Rubalcaba como candidato del PSOE?

Diría que Alfredo ha estado muy bien en el terreno común y en el del adversario y no tanto en el propio, y con buen tono. Me explico. Terreno de todos es la relación entre política y economía y la organización de la democracia. Era necesario reivindicar la política frente a los mercados (la política en el puesto de mando, que decía Mao: brindo esta cita a PJ y a Intereconomía) y lo ha hecho, y la invocación del modelo electoral alemán (más proporcional y menos partitocrático) va bien orientada y es audaz. Terreno del adversario es la economía, donde sabemos que se presume más versada y creíble a la derecha, por lo que es un acierto sacar la discusión de disyuntivas trilladas (beneficios o salarios, público o privado...) y vincular el saneamiento de la banca al deber de apoyar la generación empleo, los salarios a los beneficios en la empresa, la crisis del empleo por la construcción a la apuesta por la nueva economía y los emprendedores... no es mucho aún, pero sí un buen comienzo. Sobre todo, creo que tiene la virtud de abrir, en el escenario electoral, un debate económico real, no doctrinario.

Más flojo me parece, sin embargo, lo que ha dicho sobre sanidad y educación. Reforzar la sanidad, bien, pero la discusión sobre modelos de gestión y de oferta no se reduce a una disyuntiva entre lo que tenemos y seguros privados a la norteamericana, de modo que aquí creo que ha dicho poco menos que nada. La idea de un MIR para los 200.000 profesores que llegan también está bien, pero ¿qué hacemos con los 500.000 que siguen? Lo demás, intervención temprana sobre el fracaso escolar, no llamarlo así, etc. son viejos temas que no dicen mucho de momento. Si que le agradecerán los profesores la promesa de no cambiar las leyes (orgánicas, supongo que quiere decir). Aquí más bien parece que hubiera querido tranquilizar a los profesionales del sector público, con mucho peso e influencia. Hay que resaltar, en fin, el tono: sosiego hacia el PP e indicaciones de que se ha escuchado y oído al 15M, pero también voluntad de retomar la iniciativa política, un estilo más argumental y menos emocional y el principio de no prometer lo que no se podrá cumplir.

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¿Cuáles son las luces y las sombras de las propuestas de Rubalcaba como candidato del PSOE?

¿Es el momento de cambiar el modelo de gestión de la SGAE?

Cambiar el modelo de gestión y repensar y reformar la propiedad intelectual (PI), y lo importante es lo segundo, aunque sea una reflexión de más calado y requiera tiempo y calma. Hemos pasado de un modelo centrado en ofrecer remuneración y estímulo suficientes al autor, con efectos positivos en balance para la cultura, a otro centrado en la búsqueda de rentas monopolísticas ilimitadas y control y derecho de veto absolutos sobre los productos derivados, con métodos intimidatorios, que obstaculiza la creación y la innovación, entorpece el aprendizaje, criminaliza a la población, deseduca a la juventud y, además, es en gran medida ineficaz. En la era digital, cuando compartir es tan fácil, barato y fructífero, la propiedad intelectual no puede ser tratada como si fuera la de cualquier otra mercancía. Y, mientras se discute y se negocia ese nuevo modelo, y probablemente también con él, la gestión de la PI no puede estar exclusivamente en manos de los autores, ni ser oscurantista, sino que debe ser transparente y con participación de consumidores, internautas, educadores y autoridades públcas. Y fuera Sinde.

 

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¿Es el momento de cambiar el modelo de gestión de la SGAE?

¿Es aconsejable subir las tasas, en vez de los impuestos, para mantener las infraestructuras?

Impuestos, tasas... y multas. Los impuestos, cuanto más progresivos mejor, deben servir para los equipamientos servicios de interés universal (p.e. la seguridad, la sanidad, la educación básica) o necesarios para los grupos más desfavorecidos (p.e. la asistencia social o la ayuda a dependientes), así como para desincentivar ciertas conductas (p.e. el tabaco o el alcohol); las tasas, para los consumos selectivos y optativos (p.e. las autovías, los vuelos o, con formas adecuadas de financiación personal, las matrículas universitarias); las multas, para disuadir de ciertas externalidades y compensar por ellas. Como sé que esta tercera propuesta resulta más exótica, me extiendo: la limpieza de las calles la pagamos todos pero la suciedad la producen especialmente algunos que, además, seguro sufren menos con ella. Si ensuciarlas se sancionara con firmeza la norma moral, cultural y legal de no hacerlo resultaría más credible, la conducta dañina menos frecuente y los los costes de limpiarlas se verían en parte sufragados en beneficio de todos y en descargo relativo de los no multados.

 

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¿Es aconsejable subir las tasas, en vez de los impuestos, para mantener las infraestructuras?

¿Hay que recortar el gasto sanitario o, por el contrario, es necesario elevarlo?

Hay que aumentar el gasto, pues el servicio, a pesar de mejoras espectaculares por un cuarto de siglo, tiene claras deficiencias de cobertura territorial (zonas mal dotadas) y funcional (prestaciones no ofrecidas) y de eficacia (esperas, calidad). La discusión sobre recursos debe referirse a recursos adicionales (fraude, sucesiones, patrimonio, IRPF, etc.), no a desvestir a un santo para vestir a otro (gasto militar, etc.). Tan importante como gastar más es gastar mejor, y la eficiencia de los servicios públicos españoles deja bastante que desear. Además, hay que abandonar tabúes. El copago puede aceptarse siempre que no afecte a prestaciones críticas y se evite o se compense para los grupos más débiles (al menos, debe discutirse en detalle, no como principio). La externalización de una parte de servicios y prestaciones debe considerarse una fórmula normal, necesaria para evitar la elefantiasis, pues el Estado debe garantizar y regular la oferta y sufragar la demanda, no siempre con funcionarios y patrimonio propio. Las competencias de las CCAA no deben quebrar la igualdad de derechos en todo el Estado.

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¿Hay que recortar el gasto sanitario o, por el contrario, es necesario elevarlo?

¿A qué es achacable que los españoles confíen más en Rajoy para gestionar la economía?

De acuerdo en casi todo, pero creo que hay algo más. Cierto que ZP no vio nada y eso perjudica a AR. Cierto que el PP, que ha gobernado poco, termina siempre catapultado por las crisis y llega cuando acaban. Cierto, como cita RMA a Bouza, que el votante se inclina a contentar a “los mercados” dándoles lo que quieren, Rajoy. Pero creo que, mirándolo con distancia, la derecha tiene y ha tenido siempre un programa económico y social, mientras que la izquierda moderada tiene un programa social (propio) y un programa económico (el de la derecha, atenuado). El que tenía ya FG, que se resumía en “aumentar la tarta (como fuera) para repartir”. La izquierda radical clásica sí lo tiene socioeconómico, anticapitalista, pero ya no convence. Sin embargo, la brutal crisis actual lleva a más gente a la convicción de que hay que pensar fuera de la inercia y la ortodoxia reinante. Rubalcaba no está especialmente implicado en la política económica de ZP, y además éste ya va “haciendo los deberes”. Lo que tiene es que dar signos de que ha aprendido de la experiencia y avanzar propuestas económicas con cierto atrevimiento.

 

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¿A qué es achacable que los españoles confíen más en Rajoy para gestionar la economía?

De hipotecas: caveat emptor, caveat venditor

La incapacidad de un número creciente de ciudadanos para, en medio de la crisis, hacer frente a sus hipotecas, ha desencadenado un debate sobre posibles medidas como la cancelación de la deuda por dación de la vivienda, la renegociación de los contratos, la elevación de los ingresos mínimos exentos de embargo (principal medida que el gobierno ha tomado), etc. Incluso la muy tímida respuesta gubernamental ha provocado, por ejemplo, la respuesta airada del consejero delegado del BBVA, Ángel Cano. Según éste, las recientes medidas del gobierno son “populistas” y podrían “estropear el mercado hipotecario”. Estropearlo... para él, debe de querer decir.

En las transacciones de mercado, la ley da por supuesto que el comprador sabe lo que compra, para qué sirve y para qué no. Es el principio conocido como caveat emptor, que podría traducirse por: esté atento el comprador. Se comprende fácilmente que, si la validez ulterior de las transacciones pudiera ser simplemente impugnada por la pretensión del comprador de que no sabía bien lo que compraba, el mercado se vería seriamente entorpecido, los vendedores tendrían que contratar elevados seguros que encarecerían los precios y los compradores oportunistas empeorarían en beneficio propio las condiciones para el resto. El principio caveat emptor probablemente evita un mal mayor, pero salta a la vista que impide al comprador engañar al vendedor y no al contrario.

Por eso las leyes y las prácticas de numerosos países han ido limando e incluso excluyendo su aplicación en ciertas esferas. Gran parte del comercio al pormenor, por ejemplo, permite las devoluciones, sea con devolución del pago o con entrega de un bono por valor equivalente. En el ámbito de la electrónica los grandes distribuidores suelen admitir la devolución de los aparatos sin más restricciones que un plazo razonable y que sigan en buen estado. En general, los derechos del consumidor han ido limitando la aplicación del principio.

Pero el campo donde más claramente sucede es precisamente el de la propiedad inmobiliaria, donde al mencionado principio se opone en muchos países el de garantía implícita, por el que se supone responsabilidad del vendedor entregar al comprador un producto que cumpla adecuadamente su funcionalidad. Así, por ejemplo, se supone que una vivienda no se va a resquebrajar o presentar goteras en un plazo razonablemente largo. Más en general, el principio se aplica allá donde quepa suponer que el comprador, que era menos o nada experto, confió en la información que le ofreció el vendedor, que sí lo era, a la hora de decidirse a comprar ese producto.

Me parece que esto es plenamente aplicable a las hipotecas. No me refiero a si la ley o la jurisprudencia española lo recogen, cosa que no hacen, sino simplemente a la absoluta asimetría de información entre el prestatario (comprador) y el prestamista (vendedor) en el caso préstamo personal con garantía hipotecaria. El comprador (sobre todo el que ahora está en solfa) compra vivienda una vez en la vida, sin otra información directa que la impresión generalizada de una feliz arcadia inmobiliaria en la que todo el mundo podía hacerse con ella -claro que con esfuerzo- y la que le suministró en su momento el vendedor, que sin embargo era en todo caso un profesional del sector, sabía de un modo u otro que la felicidad no duraría siempre para todos y, para colmo, se llevaba comisión en ello. Cuando la complejidad del producto, en este caso el contrato de préstamo con toda su letra pequeña, procedimientos de cálculo, cláusulas recogidas en tecnicismos y eufemismos que sólo el experto conoce, etc., coloca a vendedor y comprador en tan desiguales condiciones o, para ser exactos, coloca al vendedor en semejante posición de ventaja y superioridad frente al comprador,la cláusula debería simplemente invertirse: caveat venditor (asegúrese el vendedor de que la cosa vendida responde realmente a lo que cree ver en ella el comprador).

Es una buena ocasión de cambiar la ley, desde luego, pero también de reinterpretarla de manera que los bancos compartan la carga del desastre que ellos mismos han creado, en vez de lucrarse abusivamente y por segunda vez con él.